Jorge Aguirre Charvet

Emblema de la Corte Penal Internacional

Los venezolanos están hablando ya de la necesidad de articular una estrategia de los sectores de la oposición para afrontar un posible vacío de poder, ante un eventual juicio internacional contra el presidente Hugo Chávez, por sus nexos con la guerrilla narcoterroristas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

El articulista Óscar Yanes, en el diario venezolano El Nuevo País, propuso este martes la integración de una comisión de alto nivel que obtenga de las autoridades colombianas toda la información de que disponen a fin de proceder a un “castigo ejemplar internacional para ese títere de Fidel Castro llamado Hugo Chávez”.

“Están equivocados los que creen que Chávez rompió con los narcotraficantes y asesinos de las montañas colombianas. Chávez busca desesperadamente, con Colombia y con la propia complicidad de la guerrilla, hacer creer que no ha quebrado un plato. La guerrilla para subsistir necesita esa payasada de Chávez”, escribió Yanes.

Añadió que en cualquier país democrático el Congreso habría iniciado ya una investigación para, de producirse una situación similar a la venezolana, determinar la culpabilidad o no de su presidente. “Pero en Venezuela Chávez tiene todos los poderes en sus manos”, dijo.

Vistas la situación en Venezuela, cabe preguntarse si alguien piensa en forma similar en Ecuador, ya que, estoy seguro, la propaganda oficial no ha logrado convencer a todos los ecuatorianos -políticos incluidos- que es el país en su totalidad al que se lo ha encontrado implicado con las FARC y no únicamente su actual clase dirigente.

Porque la situación venezolana reseñada por Yanes, que tampoco implica a ese país en su conjunto, se replica en Ecuador en cuanto a que el jefe del Ejecutivo está acusado de beneficiar y beneficiarse de las FARC, que la oposición está dislocada, que no existe un Congreso fiscalizador y que Rafael Correa “tiene todos los poderes en sus manos”.

Allá como acá, cunde la desesperación entre los más pobres por el incumplimiento de las ofertas de campaña, los militares han perdido cohesión ante directivas emanadas del Ejecutivo, los medios de comunicación son permanentemente humillados y amenazados y se edifican aparatajes para apoyar a un poder único y centralizado.

La coincidencia básica es que tanto Chávez como Correa están señalados por las pruebas que obran en poder del gobierno colombiano, sobre la relación de ambos con banda armada contra Colombia, obtenidas de los computadores incautados el 1 de marzo, tras el ataque a la guarida que el narcoterrorismo había construido en Ecuador.

En Venezuela, una investigación periodística reciente, dijo que en su territorio y con la complicidad de sus autoridades, las FARC grabaron el video con el que confirmaron el anuncio del gobierno de Bogotá sobre la muerte de su líder máximo, Manuel “tirofijo” Marulanda y el nombramiento de su sucesor, Guillermo Sáenz “alfonso cano”.

Según el articulista Yánez, “Chávez atemorizado, está dispuesto a hacer cualquier concesión para silenciar los computadores de las FARC y si ello ocurre Chávez saldrá fortalecido de la crisis”. El expuesto es otro factor en el que Correa se parece a Chávez: daría lo que sea a cambio de que Colombia no siga haciendo hablar a los computadores.

Es que a ambos amenaza el peligro expuesto por Yánez en su artículo: “los convenios de Roma, dentro del nuevo derecho penal internacional, autorizan procesar a Jefes de Estado en ejercicio, ante evidencias que se puedan demostrar”. ¡Que más evidencias que las halladas en las computadoras de las FARC contra Chávez y Correa.

Al decir “convenios de Roma” se alude al Estatuto de Roma en vigor desde 2002, que autoriza enjuiciar a Jefes de Estado en funciones por crímenes de genocidio, de lesa humanidad, de guerra y de agresión. En mi opinión, Chávez y Correa estarían incursos en delitos de lesa humanidad, de guerra y de agresión contra Colombia y su gente.

Pero la iniciativa de llevar a Chávez y a Correa ante el Tribunal Penal Internacional corresponde a Colombia y, más precisamente, a su presidente Álvaro Uribe a quien el retirado líder cubano, Fidel Castro, estaría tratando de convencer de proceder en contrario. En poco tiempo se clarificará el panorama.

Los cuatro presuntos autores de la planificación del "magnicidio" denunciado por el gobierno del presidente Rafael Correa -tres colombianos y un ecuatorianos- y que coinciden en manifestar que todo se trató de un "montaje" para ganar una recompensa.

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Cada día es más evidente que la revelación oficial de hace seis días sobre una supuesta conspiración para matar al presidente Rafael Correa fue una burla y un montaje como lo calificó uno de los supuestos asesinos, y se ha tornado en una auténtica “papa caliente” que está provocando problemas al gobierno y una gran carcajada mundial.

Antecedentes: la guerrilla narcoterrorista colombiana denunció hace exactamente una semana que estaba en marcha un plan del presidente Álvaro Uribe para asesinar a Correa y al presidente venezolano Hugo Chávez, mediante el empleo de sicarios. Al día siguiente los subalternos de Correa informaron que habían frustrado el plan “panecillo”.

Según la versión oficial, en “panecillo” iban a participar paramilitares de las derechistas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), disparando primero un misil desde un cerro contiguo, para luego, cuando Correa y sus escoltas tratasen de escapar, acribillarlos desde la terraza de un hotel de cinco estrellas aledaño a la Casa de Gobierno.

El gobierno colombiano desmontó inmediatamente la trama de la versión ecuatoriana al informar que los supuestos asesinos no eran paramilitares sino miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), de las mismas que donaron 100.00 dólares a Correa, quien, posteriormente, envió a un ministro a negociar con ellas.

La rápida reacción colombiana llevó a Correa a minimizar la denuncia y a vincularla con una posible estafa, pero se encontró con un grave problema entre manos, ya que sus subalternos tenían tras rejas a los supuestos asesinos frustrados -tres colombianos y un ecuatoriano- que tras fallarles la artimaña ahora están contando su vida y milagros.

El colombiano, Oscar Julián Peña, declarado “testigo protegido” tras delatar a la banda a cambio de dinero, dijo que se “involucró por pedido del ministro de Gobierno Fernando Bustamante”, según reveló Iván Durazno, abogado defensor del ecuatoriano Patricio Santos Camacho, exautoridad política y excomisario policial.

(Para quien lo haya olvidado, Bustamante es citado como agente infiltrado en el gobierno de Correa por la Central de Inteligencia Estadounidense (CIA), según los documentos hallados por el gobierno colombiano en los computadores que incautó tras atacar y destruir, el 1 de marzo, una guarida de las FARC en territorio de Ecuador).

(Cabe recordar que Correa acusó a la CIA de obtener información en el país y entregarla a las autoridades colombianas, mediante la infiltración de sus agentes en los organismos militares de inteligencia del Ecuador, lo que precipito su depuración, el pase a la clandestinidad de uno de sus jefes y la renuncia y renovación de la cúpula castrense).

Un segundo colombiano implicado en la conspiración, Óscar Jiménez Orozco, negó pertenecer a algún grupo guerrillero o paramilitar y aseguró que fue involucrado en el supuesto complot para cobrar una recompensa. “Lo que se hizo fue prácticamente montar un circo para poder cobrar una recompensa”, dijo.

El tercer colombiano de la partida, Edgar González Nicolta, quien también habría dado el soplo sobre la “conspiración”, vivió en Caracas en donde -dijo- fue contactado por el gobierno ecuatoriano para venir a Quito y hacer supuestas labores de inteligencia entre los desmovilizados de los paramilitares de las AUC de Colombia.

En resumen, una trama mal hecha que deja interrogantes ya que dos de los detenidos han dicho que el gobierno ecuatoriano estuvo detrás de todo el montaje, otro es un delator y el cuarto un exagente policial. ¿Quizás un autoatentado para que coincida que el anuncio de las FARC respecto a que Uribe planeaba asesinar a Chávez y a Correa.

Todo puede ser, pero lo que si es cierto es que el mundo entero se ríe a carcajadas ante este nuevo “suceso” que involucra a integrantes del gobierno del inefable señor Correa a quien, por cierto, le han duplicado los guardaespaldas y cuyas movilizaciones demandan 24 vehículos motorizados de todo tipo, en lugar de los 12 de hace una semana