Jorge Aguirre Charvet

Emblema de la Corte Penal Internacional

Los venezolanos están hablando ya de la necesidad de articular una estrategia de los sectores de la oposición para afrontar un posible vacío de poder, ante un eventual juicio internacional contra el presidente Hugo Chávez, por sus nexos con la guerrilla narcoterroristas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

El articulista Óscar Yanes, en el diario venezolano El Nuevo País, propuso este martes la integración de una comisión de alto nivel que obtenga de las autoridades colombianas toda la información de que disponen a fin de proceder a un “castigo ejemplar internacional para ese títere de Fidel Castro llamado Hugo Chávez”.

“Están equivocados los que creen que Chávez rompió con los narcotraficantes y asesinos de las montañas colombianas. Chávez busca desesperadamente, con Colombia y con la propia complicidad de la guerrilla, hacer creer que no ha quebrado un plato. La guerrilla para subsistir necesita esa payasada de Chávez”, escribió Yanes.

Añadió que en cualquier país democrático el Congreso habría iniciado ya una investigación para, de producirse una situación similar a la venezolana, determinar la culpabilidad o no de su presidente. “Pero en Venezuela Chávez tiene todos los poderes en sus manos”, dijo.

Vistas la situación en Venezuela, cabe preguntarse si alguien piensa en forma similar en Ecuador, ya que, estoy seguro, la propaganda oficial no ha logrado convencer a todos los ecuatorianos -políticos incluidos- que es el país en su totalidad al que se lo ha encontrado implicado con las FARC y no únicamente su actual clase dirigente.

Porque la situación venezolana reseñada por Yanes, que tampoco implica a ese país en su conjunto, se replica en Ecuador en cuanto a que el jefe del Ejecutivo está acusado de beneficiar y beneficiarse de las FARC, que la oposición está dislocada, que no existe un Congreso fiscalizador y que Rafael Correa “tiene todos los poderes en sus manos”.

Allá como acá, cunde la desesperación entre los más pobres por el incumplimiento de las ofertas de campaña, los militares han perdido cohesión ante directivas emanadas del Ejecutivo, los medios de comunicación son permanentemente humillados y amenazados y se edifican aparatajes para apoyar a un poder único y centralizado.

La coincidencia básica es que tanto Chávez como Correa están señalados por las pruebas que obran en poder del gobierno colombiano, sobre la relación de ambos con banda armada contra Colombia, obtenidas de los computadores incautados el 1 de marzo, tras el ataque a la guarida que el narcoterrorismo había construido en Ecuador.

En Venezuela, una investigación periodística reciente, dijo que en su territorio y con la complicidad de sus autoridades, las FARC grabaron el video con el que confirmaron el anuncio del gobierno de Bogotá sobre la muerte de su líder máximo, Manuel “tirofijo” Marulanda y el nombramiento de su sucesor, Guillermo Sáenz “alfonso cano”.

Según el articulista Yánez, “Chávez atemorizado, está dispuesto a hacer cualquier concesión para silenciar los computadores de las FARC y si ello ocurre Chávez saldrá fortalecido de la crisis”. El expuesto es otro factor en el que Correa se parece a Chávez: daría lo que sea a cambio de que Colombia no siga haciendo hablar a los computadores.

Es que a ambos amenaza el peligro expuesto por Yánez en su artículo: “los convenios de Roma, dentro del nuevo derecho penal internacional, autorizan procesar a Jefes de Estado en ejercicio, ante evidencias que se puedan demostrar”. ¡Que más evidencias que las halladas en las computadoras de las FARC contra Chávez y Correa.

Al decir “convenios de Roma” se alude al Estatuto de Roma en vigor desde 2002, que autoriza enjuiciar a Jefes de Estado en funciones por crímenes de genocidio, de lesa humanidad, de guerra y de agresión. En mi opinión, Chávez y Correa estarían incursos en delitos de lesa humanidad, de guerra y de agresión contra Colombia y su gente.

Pero la iniciativa de llevar a Chávez y a Correa ante el Tribunal Penal Internacional corresponde a Colombia y, más precisamente, a su presidente Álvaro Uribe a quien el retirado líder cubano, Fidel Castro, estaría tratando de convencer de proceder en contrario. En poco tiempo se clarificará el panorama.