Jorge Aguirre Charvet

Los ecuatorianos podemos volver a dormir tranquilos porque, de comprobarse que un ecuatoriano murió en el ataque colombiano contra nuestro territorio el pasado 1 de marzo, no declararemos una guerra al país hermano del norte, sino que procederemos a emprender una “lucha diplomática” en su contra.

Los pronunciamientos corresponden al Presidente Rafael Correa. Hace tres semanas dijo que “si hubiera muerto algún ecuatoriano (en la incursión militar colombiana del 1 de marzo) ya estaríamos en guerra” y este viernes lo matizó al anunciar que de confirmarse el muerto emprenderá una nueva “lucha diplomática” contra Colombia.

Me pregunto: ¿el extremado belicismo en las declaraciones presidenciales, acaso, no esconde la secreta intención de mantener latente la confrontación bilateral para impedir que nuevas revelaciones salgan a flote sobre la supuesta implicación del actual gobierno y sus máximas autoridades con la guerrilla narcotraficante de Colombia?

Colombia ha pedido perdón, se ha excusado, ha dado satisfacciones por la incursión de sus tropas en territorio ecuatoriano. Ha dado formalmente su palabra respecto a que nunca más volverá a proceder de manera igual. Incluso en algún momento se dijo que se podrían pagar indemnizaciones por los actos cometidos.

¿Por qué, entonces, seguir hablando de guerra, luchas, combates? La relación entre Ecuador y Colombia no es solo entre gobiernos y Estados. Los pueblos de ambos países tienen demasiados nexos como para que desaparezcan de un plumazo. Es momento de reiniciar relaciones diplomáticas y ver que ocurre.

Ahora ocupa la atención general el caso del ciudadano ecuatoriano Franklin Guillermo Aizalia Molina que, según sus familiares, no aparece desde los primeros días del mes de febrero pasado y cuyo cadáver, se especula, podría ser el que descansa en una morgue de Bogotá esperando ser identificado.

Tras la operación del 1 de marzo los militares colombianos retiraron del territorio ecuatoriano dos cadáveres, el de Raúl Reyes que ha sido plenamente identificado y otro, al que identificaron como perteneciente al también guerrillero Julián Conrado, pero cuya autentificación no se ha producido.

La familia del ecuatoriano Franklin Guillermo Aizalia Molina dicen que bajaron del Internet la fotografía del segundo cadáver y que creen corresponde al de su pariente. La tarea de identificación plena, con pruebas ADN y huellas digitales, recién se realizará la próxima semana, en la capital colombiana.

¿Por qué acelerarse entonces declarando guerras, luchas y confrontaciones? Posiblemente Franklin Guillermo Aizalia Molina aparece de improviso tras una extensa francachela o lo hace, también vivo, en otro país o, por el contrario, tras las pesquisas que se realicen en Bogotá, resulta que el cadáver pertenece a otra persona.

El Embajador de Ecuador en Colombia, Francisco Suescum, ha dicho que es práctica común de los militares colombianos asesinar a ecuatorianos y luego mostrar sus cadáveres como pertenecientes a la guerrilla. Las autoridades colombianas han tenido tiempo suficiente para suplantar el cadáver que descansa en Bogotá.

Así que procedamos con cordura y sindéresis. Reiniciemos relaciones diplomáticas para que ecuatorianos se ocupen de nuestros asuntos en Colombia y que no sean los diplomáticos argentinos los que nos representen. Y dejemos de mantener latente el ánimo de confrontación que nada válido vamos a sacar de ello.

El mundo entero sabe perfectamente que Colombia violó la soberanía ecuatoriana y que Bogotá dio las satisfacciones correspondientes. Mantener el tema en pie, da la impresión, que constituye una “maniobra de diversión”, para tener ocupado a todo el mundo alrededor de un tema, cuando otros y muy importantes, están latentes.

Nadie ha dicho, por ejemplo, en base a que plan, política de gobierno o propuesta consistente, el ministro Gustavo Larrea fue a reunirse con la guerrilla o si conocieron del tema la Junta Consultiva de Relaciones Exteriores, el Consejo de Seguridad Nacional, la Junta Nacional de Defensa.

Acaso el Ejecutivo informó del caso al Congreso Nacional -si es que la reunión Larrea-Reyes se realizo cuando aun existía esa instancia legislativa- o, en su defecto, fue informada la Asamblea Constituyente de Montecristi o se notificó del particular a su presidente, el economista Alberto Acosta, afecto muy cercano al gobierno.

Y respecto al otro asunto, cabe preguntarse si el Tribunal Supremo Electoral tiene constancia de un aporte de 100.000 dólares para la campaña presidencial de Correa en 2006; el tesorero de esa campaña tiene algo que informar sobre el tema; la Fiscalía planea actuar de oficio para investigar un asunto tan vergonzoso como este.

Así que, insisto, cerremos el tema de la relación ecuatoriano-colombiana y tratemos de descubrir el trasfondo de los otros dos asuntos mencionados. Y no nos olvidemos que la frontera con Colombia la debemos vigilar permanentemente, no sea que aparezcan nuevos campamentos “de descanso” de la guerrilla colombiana.

Y como colofón una pregunta: ¿por qué el ministro Larrea no quiere decir cuándo y en dónde se reunió con Raúl Reyes? Esa es, en la actualidad, la auténtica pregunta del millón de dólares.