Jorge Aguirre Charvet

Los Presidentes de Venezuela y Ecuador ¿tras las rejas?

Los presidentes de Venezuela, Hugo Chávez, y de Ecuador, Rafael Correa, han quedado desenmascarados ante el mundo entero, como cómplices de una organización armada ilegal mundialmente conocida como terrorista y traficante de drogas, que es lo que son las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC)

Pero son los Mandatarios de ambos países y sus gobiernos, los que están directamente implicados. Los pueblos, la ciudadanía, venezolana y ecuatoriana, no tienen responsabilidad alguna en los delitos cometidos por Chávez y Correa. Son ellos dos y sus áulicos en cada uno de los gobiernos que presiden, los únicos responsables.

Y esto luego que la INTERPOL declaró como válidas las pruebas en poder del gobierno de Colombia, contra Chávez y Correa. Complicidad, connivencia para delinquir, responsabilidad compartida, encubrimiento manifiesto, recepción de dinero corrompido son, entre otros, los señalamientos delictivos que obran contra Chávez y Correa.

Y ahora ¿qué corresponde hacer? Según los entendidos el caso corresponde al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (ONU), la Organización de Estados Americanos y el Tribunal Penal Internacional, teniendo como principales implicados a Chávez, Correa y a sus respectivos gobiernos. Los venezolanos y ecuatorianos no tenemos nada que ver.

Richard Lugar, integrante de la Comisión de Relaciones Internacionales del Senado de los Estados Unidos, dijo que tras conocerse el dictamen técnico de la INTERPOL, corresponde a la OEA que encabeza el chileno José Miguel Insulza, adoptar las medidas legales correspondientes contra Chávez y Correa.

Si Colombia considera como un desafío hostil a su soberanía la colaboración extensiva de Chávez y Correa con las FARC, puede invocar el artículo 17 de la Carta Democrática, que autoriza la intervención de la OEA cuando las instituciones democráticas están siendo amenazadas o está en riesgo el control del poder.

Si tal es el procedimiento que se sigue, la OEA deberá convocar de inmediato audiencias para explicar a los países la metodología empleada por la INTERPOL y pedir a la Comisión Interamericana contra el Terrorismo (CICTE) realizar audiencias y elaborar un reporte sobre la información existente.

El examen de la CICTE será amplio y no limitado a las fuentes, estructuras de financiación y mecanismos de comunicación, ya que su reporte ayudará a determinar la acción apropiada, si se determina que se produjeron violaciones a las convenciones antiterroristas, con el apoyo a un grupo manifiestamente terrorista como las FARC
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Si existen evidencias concretas de apoyo de Chávez y Correa a las FARC, la comunidad interamericana e internacional adoptarán las acciones legales pertinentes contra ambos presidentes y los gobiernos que encabezan. “Debemos asegurarnos que estos actos no queden sin castigo”, dijo la congresista de Florida Eliana Ross Lehtinen”.

En las Naciones Unidas

El senador colombiano Jairo Clopatofsky sostuvo que las pruebas existentes deben remitirse directamente para su revisión ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que podría crear un tribunal Ad Hoc para su análisis u ordenar una investigación directa de este caso.

“Creo que el camino es ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, por una simple razón: la Corte Penal Internacional es una jurisdicción subsidiaria que de alguna otra manera requeriría que en Venezuela se iniciaran procesos contra el presidente Chávez o que no se iniciaran”, dijo el legislador colombiano David Luna.

Cabe recordar que la idea de llevar el caso ante la Corte Penal Internacional fue esbozada en marzo por el presidente colombiano Álvaro Uribe, pero fue suspendida en el seno de la Cumbre del Grupo de Río en República Dominicana. Pero con el giro que el caso ha tomado, esa iniciativa podría ser retomada.